"Un sistema con deficiencias generalizadas y beneficios limitados"

Firmaron los primeros contratos Participación Público Privada de la historia argentina. Será para construir caminos en provincia de Buenos Aires y parte de Córdoba y Mendoza.

Los dos primeros contratos de la historia de la obra pública vial en Argentina bajo la modalidad de financiamiento de Participación Público Privada (PPP) se firmaron hoy viernes en la Quinta de Olivos. Una rúbrica fue para el corredor que une las localidades de Las Flores y Coronel Dorrego, y otro ramal que comunica Olavarría con Mar del Plata. La adjudicación quedó en manos de las empresas Paolini Hermanos, Vial Agro y la italiana INC. La otra firma corresponde al ramal que atraviesa Buenos Aires, el sur de Córdoba y finaliza en Mendoza, el cual fue entregado a la firma Cartellone. “Desde que se inició el proceso hasta que se termine la obra serán unos siete años”, indicó el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. Por su parte, el Secretario de Hacienda, José Luis Morea admitió que “estos son contratos que son en beneficio de los privados”, e informó que las empresas adjudicatarias “tienen ahora 12 meses para salir al mercado a buscar financiamiento”. La primera etapa del proyecto Red de Autopistas y Rutas Seguras contempla trabajos en 3.300 km. de rutas nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe. Desde que el Gobierno Nacional adelantó que empezaría a utilizar la metodología PPP para realizar obras públicas, no fueron pocos los especialistas que levantaron la voz para alertar sobre los riesgos de este tipo de adjudicaciones. Diversos estudios llevados a cabo en Europa y Latinoamérica concluyeron que se trata de un sistema con deficiencias generalizadas y beneficios limitados y que los gobiernos vienen dejando de usarlo paulatinamente. En nuestro continente, más del 70% de los contratos que se firmaron desde principios de la década del ´90 fueron renegociados y un informe del Banco Interamericano de Desarrollo sostiene que Argentina es uno de los países de la región con entorno menos favorable para la implementación de PPP.