Los juicios por jurado, ¿sí o no?

Distintas provincias aplican juicio por jurados en la Argentina, una modalidad que está prevista por el nuevo Código Procesal Penal aunque aún falta una ley específica para implementarlos. El debate que se viene.

El sistema amplía la participación ciudadana aunque no implica una ruptura total con el tradicional porque de hecho son los jueces “tradicionales” quienes guían el proceso y definen la pena. Con relación a su funcionamiento, hay que decir que los integrantes de cada jurado se establecen por sorteo y existe quienes están imposibilitados de hacerlo: miembros de fuerzas de seguridad, funcionarios electos o empleados del Poder Judicial por citar algunos ejemplos. Esa primera lista es luego presentada a las partes (defensores y fiscales) para que eventualmente recusen a quienes consideren necesario. De esa lista “pulida” salen finalmente los nombres que compondrán el jurado. La cantidad de votos necesarios para declarar una culpabilidad varía según cada jurisdicción, y en algunos casos –por ejemplo delitos que impliquen prisión perpetua- se requiere unanimidad. Un dato: los votos de los jueces y los jurados valen lo mismo. Si el jurado declara que la persona no es culpable esta decisión no puede ser apelada y la persona queda definitivamente absuelta. Si es declarado culpable, en cambio, la defensa sí puede apelar y llegar a instancias judiciales superiores.

A favor y en contra

La modalidad tiene argumentos a favor y en contra, claro. Quienes están de acuerdo sostienen que se trata de una “democratización” de la Justicia, toda vez que son los propios ciudadanos quienes la aplican, algo que obliga a abogados y jueces a hablar en un lenguaje más cotidiano, menos técnico y por ello mismo más entendible. Al ser “personas normales” se supone que los jurados son más independientes en la relación con los poderosos ya que no tienen una carrera judicial que “cuidar”, razón por la cual pueden actuar más libremente. Como contrapartida, quienes se oponen hacen hincapié en que al carecer de una formación técnica adecuada, resultan más influenciables por la opinión pública que los magistrados comunes. Desde el otro lado responden que a mayor cantidad de jurados más difícil es presionarlos a todos o en forma uniforme. También se presenta como un argumento a favor de su aplicación el hecho de que al acercar a los ciudadanos comunes al funcionamiento judicial se eliminarían las demoras que presenta el sistema a partir de los artilugios leguleyos que presentan los “técnicos”. O, al menos, quienes lo utilizan quedarían expuestos ante la opinión pública. Otro punto de debate es cómo se evita la tendencia a la “mano dura” que tiene toda sociedad cuando se habla de delitos graves como los que se juzgan a través de los jurados. Para los especialistas, la aplicación de los atenuantes que las leyes preveen no son observables para el ciudadano común y eso podría llevarlos a sancionar más duramente. De cualquier forma eso tendría un salvoconducto, porque la pena final la aplican los jueces. Así las cosas, el debate está abierto y las opiniones a favor y en contra que se escuchan son un claro ejemplo de que el tema forma parte de la agenda pública. Por eso mismo, el escenario que hasta ahora nos planteaban mayormente las películas parece cada vez más cerca de convertirse en parte de nuestra realidad.

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