Otro decretazo

Otro decretazo

En septiembre de 2016 se sancionó la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, mediante la cual se creó la Agencia de Acceso a la Información Pública, un “ente autárquico que funcionará con autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo”, sin embargo, tres días antes de que la normativa entre en vigencia, el Gobierno Nacional decidió modificarla a través de un decreto de necesidad y urgencia.

De esta manera, la agencia perdió su autonomía para diseñar su estructura y planta de personal, además de que la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) informó que “no existe previsión presupuestaria para el funcionamiento de la agencia en 2017 ni se ha previsto una partida específica en el proyecto de Ley de Presupuesto de 2018. De esta manera, el financiamiento del órgano está sujeto a la discrecionalidad del Jefe de Gabinete (Marcos Peña)”. Otro cambio que produjo el decreto es que le sacó la protección de datos personales al Ministerio de Justicia de la Nación y se los otorgó a la agencia nombrada, órgano que también tiene a su cargo el acceso a la información pública y, aunque la unificación de estos dos derechos no es un problema, sí lo es el que se le encargue a un estamento estatal que cumpla una función para la que no fue creado. Por último, diversas organizaciones sociales difundieron un comunicado donde explican que el decreto, otra vez, no justifica “concreta y acabada la necesidad y la urgencia de tales reformas ni las circunstancias excepcionales que imposibilitan el trámite legislativo ordinario previsto por la Constitución para la sanción de las leyes”. Igualmente, esta cuestión no le debe importar mucho a Cambiemos ya que los decretos de necesidad y urgencia siempre fueron usados sin criterio desde que asumieron para imponer jueces en la Corte Suprema o para modificar la Ley de Medios, por ejemplo.
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