Chakra Raíz, el desafío de no caer en fundamentalismos

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El fallo que absolvió a los integrantes de la agrupación “Chakra Raíz” en el juicio que por la “usurpación” de terrenos fiscales en Toay ocupó en estas horas amplios espacios en los medios de comunicación con lecturas particulares, matizadas para uno u otro lado según el lado del mostrador en el que se paran quienes las hicieron.

Así, hubo quienes leyeron el fallo –que rechazó el pedido para que los juzgados sean desalojados- como una “justificación” para invadir propiedad privada y quienes lo entendieron como un cuestionamiento a lo “privado” de la propiedad. Una y otra lectura son exageradas. En realidad, los jueces no se expidieron sobre esa cuestión, sino que determinaron la absolución porque el fiscal Carlos Ordas, el responsable de llevar adelante la acusación, no pudo probarla debidamente. Y si no hay pruebas, se sabe, la Justicia no puede hacer más que dictar inocencia, por aquello de que “todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”. En sus argumentos los jueces indicaron que para hablar de usurpación hay que demostrar, entre otras cosas, “clandestinidad” e intención de “despojar derechos” a los dueños del bien en cuestión, en esta caso las tierras fiscales. En este caso, los acusados fueron declarados inocentes porque su accionar fue evidente y notorio -podía verse desde la calle misma y fue reflejado en distintos medios- y porque lo comunicaron a distintos organismos oficiales a los que efectivamente les solicitaron reuniones para debatir sobre su problemática, que es la falta de terrenos donde vivir. Tampoco pudo probarse que los ocupantes intentaran despojar de los derechos a su propietario, en este caso la Municipalidad de Toay. De esa forma, se rechazó el pedido de desalojo. Como se ve, el fallo no significa un vía libre a la ocupación de terrenos, sino más bien un cuestionamiento a la actuación del funcionario judicial. Conviene tener presente esto para reflexionar sobre el hecho, porque también es verdad que para solucionar su problema los ocupantes de los terrenos perjudicaron a otros habitantes, según explicó el intendente toayense Ariel Rojas, ya que los mismos iban a ser destinados al IPAV para que construya viviendas. Respetando la libertad de cada uno de opinar libremente, el desafío entonces, es pararse en el lugar del otro, entender sus problemas pero comprendiendo que el Estado somos todos y que así como reconocemos el derecho a la vivienda también aceptamos que el sistema en el que vivimos la propiedad es “privada”. La solución, queda probado una vez más, está en el diálogo, la forma más segura de hacer justicia.
“Un vínculo político que nos fortalece para planificar el desarrollo y reclamar lo que es nuestro”