La verdadera causa del incendio en el Amazonas

La verdadera causa del incendio en el Amazonas

Poco se profundizó en estos días sobre las razones internas a Brasil que crearon las condiciones para que el bosque tropical más importante del mundo ardiera gravemente.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, intentó culpar por el incendio en la selva del Amazonas a los ambientalistas y su Ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, también intentaba sacarle culpas al gobierno diciendo que las llamas habían comenzado por el clima seco reinante. Sin embargo, las imágenes eran demasiado elocuentes y fuertes como para explicarlas con argumentos tan poco convincentes. A pesar de todo, hay algunos elementos que suelen quedar fuera de la discusión sobre este desastre que podría haber sido evitado: el deplorable estado de los organismos públicos ambientales brasileros, las acciones desarrolladas por los últimos ministros del área y la apremiente situación de las tribus indígenas que viven en la Amazonía. La deforestación es la causa principal de lo que está pasando en el pulmón del planeta, en eso coinciden todos los especialistas. Esta práctica experimentó un aumento del 278% en julio pasado, en comparación con igual mes del 2018; una marca histórica, según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales. Este organismo fue criticado en varias oportunidades por Bolsonaro bajo la supuesta razón de que trabajaba “al servicio de alguna ONG”. Así, su titular fue reemplazado por un oficial de la Fuerza Aérea y para estar seguro, el presidente brasilero pidió que los datos que fueran a difundirse primero sean controlados por él. Eso y la censura son lo mismo, se podría decir. Pero esto no es nuevo ya que anteriormente habían sido despedidos otros funcionarios. Por ejemplo, José Augusto Morelli, ex jefe de operaciones aéreas del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y parte del equipo que multó a Bolsonaro en el 2012 por pescar ilegalmente en una reserva ecológica, y su sucesora en el cargo, Suely Araújo, quien renunció a principios de este año debido a que la agencia fue objeto de ataques sin sentido. La política ambiental en Brasil nunca fue considerada un verdadero asunto de Estado. Durante los años que duró la dictadura militar (1964-1985), este aspecto era considerado un impedimento para el progreso económico. Recién a partir de 1992 logró desarrollar avances en este orden y llegó a convertirse en una nación líder en asuntos climáticos, conquistando una baja en los niveles de deforestación y aplicando programas que favorecían a las poblaciones indígenas, pero eso se cortó con la llegada de Bolsonaro al poder. También el ex presidente Michel Temer hizo lo suyo para llegar al estado de situación actual. Alteró un acuerdo que buscaba la regulación y titulación de tierras en beneficio de pequeños productores y comunidades locales para favorecer a los usurpadores de tierras y asfaltó una ruta para beneficiar al mayor productor de soja del país, Blairo Maggi, quien en el 2005 fue premiado por Greenpeace con el premio “Motosierra de Oro” y Temer lo nombró Ministro de Agricultura. En mayo de 2012 los legisladores brasileros aprobaron el Nuevo Código Forestal que, entre otras cosas, perdonaba a todo aquel que hubiera cometido “infracciones relativas a la supresión irregular de vegetación en Áreas de Preservación Permanente, de Reserva Legal o de uso restringido”. La complicidad entre la clase política y las corporaciones está presente desde hace años en el país vecino y eso explica porque Tereza Cristina, antigua lobista del agronegocio, y Ricardo Salles, quien está siendo investigado por la justicia en relación a un caso de alteración ilegal de un área protegida, sean ministros de la Nación en la actualidad. Otro factor determinante en toda esta historia tiene que ver con las poblaciones indígenas. En la Amazonía habitan 400 tribus de este tipo, que se ven amenazadas por el avance de la minería privada, que con la colaboración del Estado ingresa a territorios ancestrales, y la construcción de hidroeléctricas. Si a esto le sumamos la deforestación, los habitantes originarios están perdiendo sus hogares y su seguridad alimentaria y física. El gobierno actual permite la tala, la minería y la ganadería ilegal y no hace nada por bajar el triste récord que Brasil ostenta y que es el de ser el país con mayor cantidad de asesinatos de personas que defienden la naturaleza.