Provincias exigieron 30.000 millones de pesos a Nación como compensación

Provincias exigieron 30.000 millones de pesos a Nación como compensación

Los ministros de Economía provinciales elevaron ante representantes del Ministerio del Interior un planteo elaborado por sus gobernadores.

Los responsables de las carteras económicas de las provincias argentinas mantuvieron un encuentro con funcionarios del gobierno nacional y les solicitaron que confeccionen “con premura” una propuesta de compensación que sea, al menos, de 30.000 millones de pesos. La iniciativa sería para ser presentada ante los gobernadores que horas antes también se habían juntado a consensuar medidas para evitar que Macri imponga el aumento de la base imponible del Impuesto a las Ganancias y la eliminación del IVA en productos de la canasta básica alimenticia. Los gobernadores de 19 provincias argentinas se reunieron hoy cerca del mediodía en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Capital Federal y decidieron recurrir a la Corte para que exigir que se declare inconstitucional y nulo el decreto presidencial que estableció las modificaciones nombradas. Con este respaldo como escudo fue que los ministros de economía luego fueron a dialogar con Alejandro Caldarelli y Paulino Caballero, responsables del área de provincias del Ministerio del Interior de Nación, en la sede de la Comisión Federal de Impuestos (CFI). El gobierno nacional no tiene mucho margen de maniobra ya que las provincias esperan una respuesta, a más tardar, el viernes debido a que el lunes irán a la Corte para presentar un recurso de amparo. “Los gobernadores fueron claros en el documento: o se encuentra una compensación a esta decisión unilateral que pone en riesgo las finanzas provinciales, o lamentablemente vamos a tener que judicializar esta medida, que claramente tiene una inconsistencia respecto a la jerarquía de las normas”, declaró el presidente de la CFI, el chaqueño Cristian Ocampo. Si se aplicara la idea de Macri sin ninguna modificación, las arcas provinciales perderían muchos millones en concepto de coparticipación, de acá a fin de año. Los gobernadores consideran que se dejen las medidas que benefician a la gente pero que no sean las provincias las que tengan que pagar eso, sino que lo haga el Estado nacional. En la reunión de ministros de Economía estuvieron representadas todas las jurisdicciones, incluso aquellas que son gobernadas por Cambiemos, lo cual no es un dato menor. Caldarelli y Cavallero no fueron interpelados por los funcionarios provinciales, ya que solamente actúan como puente para que el reclamo le llegue al nuevo Ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, quien deberá analizar el pedido. Tampoco hubo propuestas concretas por parte de las provincias para compensar la pérdida en coparticipación debido a que consideran que eso debe hacerlo Nación, que es el actor que conoce el costo fiscal de las medidas a implementar, y además es quien intenta aplicarlas de forma inconsulta. Los 30.000 millones de pesos que estipularon los ministros de economía a modo de compensación fue relevado por la CFI y abarca el impacto de la suba de la base imponible del impuesto a las ganancias y los cambios en monotributo y autónomos. No incluye el rebote de la quita del IVA a los alimentos de la canasta básica porque es una medida más compleja de cuantificar. Existen diferencias entre la mirada de las provincias y la de Nación, ya que el Estado central considera que la merma en concepto de coparticipación será “marginal” y llegaría a los 3.200 millones de pesos, además de que creen que la recaudación de los distritos se vería favorecida por un mayor consumo. Sin embargo, desde las provincias argumentan que tal pronóstico no se sabe si se cumplirá y lo que hasta ahora se conoce con precisión es que habrá disminución de recursos. La Pampa y San Luis no adhirieron al Pacto Fiscal con Nación, pero el resto de las provincias sí lo hicieron. En ese contexto, sus representantes recordaron que están cumpliendo con los requisitos de bajar los impuestos de Ingresos Brutos y Sellos, se hicieron cargo de los subsidios al transporte, de la tarifa social energética y se quedaron sin el Fondo de la Soja por un decreto de Macri. No obstante, todos los actores coinciden en que no es buen momento para tensionar la relación entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, ya que se pondría en riesgo la institucionalidad y la gobernabilidad, pero quien tiene la capacidad para destrabar la situación es el Estado nacional. Solo con voluntad política puede lograrlo en pocos días.