La dura realidad de los pacientes psiquiátricos en Argentina

La dura realidad de los pacientes psiquiátricos en Argentina

El primer relevamiento llevado a cabo a nivel nacional demostró que la Ley de Salud Mental no se cumple y que más de la mitad de los pacientes están encerrados contra su voluntad.

El 1º Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental demostró que no se está cumpliendo con la Ley Nacional de Salud Mental que fue sancionada en el 2010 y que tenía como uno de sus objetivos que en el 2020 se cerraran los, vulgarmente conocidos, manicomios. Dicha normativa significó una gran novedad a nivel regional, principalmente porque postula que los casos de salud mental deben ser tratados de manera interdisciplinaria y poniendo especial cuidado sobre los derechos humanos de los pacientes. El censo se llevó a cabo durante el 2018 y 2019 en centros de internación monovalente de salud mental desparramados por toda Argentina, y relevó que 12.035 personas viven en hospitales psiquiátricos y el 60% de ellas están allí en contra de su voluntad. Asimismo, el estudio dejó ver que cuatro de cada diez internos no están encerrados por enfermedades mentales sino por problemas sociales o de vivienda. Existen 162 manicomios en nuestro país, y los individuos relevados residen un 52% en establecimientos públicos y un 48% en privados. El tiempo de permanencia promedio en estos lugares es de 8,2 años, pero en el sector público ese período se extiende hasta 12,5. Los propios profesionales aseguraron que del total de pacientes internados, solo el 36,4% presenta existencia de riesgo cierto e inminente para su propia persona o para terceros, como para justificarse su estadía. Este censo se hizo por primera vez, pero la ley vigente desde 2010 indica que debería realizarse cada dos años, o sea que ya se tendría que ir por la cuarta edición del relevamiento. “A nueve años de la Ley de Salud Mental, no se han diseñado e implementado políticas públicas para sustituir el sistema de atención tradicional basado en la internación manicomial por uno de atención comunitaria que permita a las personas con discapacidad psicosocial vivir de forma independiente y ser incluidas en la comunidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que por sus pobres resultados clínicos, sus altos costos y las violaciones de derechos humanos que se producen en ellos, los hospitales psiquiátricos representan el uso menos deseable de los escasos recursos disponibles destinados a salud mental, y sostuvo que sin buenos servicios comunitarios, las personas terminan en instituciones inhumanas o terminan desamparadas y viviendo en las calles”, manifestaron desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Por otro lado, un 41% de las personas que residen en los centros psiquiátricos y fueron entrevistadas para el censo declararon que pueden hacer llamadas telefónicas, aunque algunas aclararon que deben pagar para poder hacerlo. Esta práctica va en contra de una ley que garantiza la posibilidad de comunicarse con quien deseen a los pacientes de salud mental. Otros datos alarmantes que arrojó el estudio fueron los siguientes: un 40% dijo que no había podido salir a la calle durante el último mes, solo el 12% de los internados tienen su DNI en su poder, únicamente el 28% tiene la posibilidad de administrar sus propios ingresos económicos y del 58% que posee una vivienda, el 74% no puede disponer de ella. “Los datos son desoladores, pero demuestran que se trata -fundamentalmente- de un problema de voluntad política. Los cuantiosos recursos destinados a instituciones monovalentes pueden y deben reorientarse a garantizar las prestaciones que las personas necesitan para su vida independiente y en comunidad”, consideran desde ACIJ. Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras organizaciones, critican la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental que hizo el actual Gobierno Nacional en el 2017, mediante un decreto, debido a que sostienen que se quitó la perspectiva de derechos humanos y se reinstaló la concepción de manicomio. “Esta mirada habilita exclusivamente las ‘prácticas fundadas en evidencia científica’ y excluye los aportes de disciplinas imprescindibles para la rehabilitación del padecimiento mental, como la terapia ocupacional, la musicoterapia, el arte, la enfermería, la psicología, los acompañamientos terapéuticos y el trabajo social, entre otras”, indicaron desde el CELS.