La precarización se mueve en bicicleta

La precarización se mueve en bicicleta

La historia se repite: repartidores de las plataformas de delivery pelean por sus derechos contra las empresas.

Las aplicaciones para contratar un servicio de delivery aparecieron casi de la noche a la mañana en las grandes ciudades de Argentina, donde ahora es común cruzarse con jóvenes (y algunos no tan jóvenes) que van a toda velocidad, en bicicleta o moto, de un lado para otro llevando algún pedido. Las más conocidas son Rappi, Glovo y Pedidos Ya, que con la misma rapidez con la que se hicieron conocidas pasaron a alimentar el debate por la precarización laboral. Los empleados de estas firmas casi no tienen derechos laborales y trabajan en condiciones de inseguridad. Hace algunas semanas el tema se reavivó a partir de que un repartidor de Glovo tuvo un accidente en su moto cuando iba llevando un pedido y al avisar a su superior por mensaje de texto, éste le preguntó por el estado del pedido y no se preocupó por su estado de salud. El desempleo en Argentina viene creciendo sostenidamente y, según el Indec, a junio de 2019 la tasa era del 10,1%, lo que representa que alrededor de 2 millones de personas no tienen trabajo. Un estudio reciente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) señala que el desempleo juvenil (27%) triplica al desempleo adulto (8%). Quizás esta grave situación laboral explica porque estas nuevas empresas de delivery crecieron mucho en poco tiempo. Los jóvenes necesitan trabajo y están dispuestos a ser precarizados y dejar sus derechos de lado con tal de conseguirlo. Pero el Estado es responsable de que la ley se cumpla y los repartidores cuenten con seguros, condiciones legales de contratación y estén provistos por todo lo necesario para hacer su función. El pasado fin de semana las tres compañías no pudieron prestar sus servicios en la ciudad de Buenos Aires debido a que un juez emitió un fallo que ordenó la suspensión de sus actividades tras no cumplir con anteriores resoluciones judiciales. Glovo, Rappi y PedidosYa vienen demostrando que prefieren pagar multas antes que acatar fallos en su contra. La decisión judicial se dio a partir de un reclamo de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (Asimm), que está tratando de combatir la precariedad laboral y la destrucción de las fuentes de trabajo en el sector, y busca que las empresas cumplan con las regulaciones en materia de higiene y seguridad. El fallo puso a las tres plataformas bajo una disyuntiva compleja porque si lo acatan estarían reconociendo que existe una relación laboral con los repartidores, algo que vienen negando continuamente, y se verían obligadas a blanquearlos. Pero ese es el objetivo de la medida judicial, que las compañías inscriban a los mensajeros en el Registro Único de Trabajadores en Motovehículos y Ciclorodados, porque de esta manera deberían entregar listas completas de personal; constancia de haber provisto de elementos de seguridad vial (casco, indumentaria para visualización nocturna, fijación de caja en rodado); la acreditación de que el personal de reparto posee libreta sanitaria vigente; y las constancias de regularidad laboral y de cobertura de seguros y ART. La Cámara de Apelaciones ordenó en un fallo emitido el pasado 10 de julio que los elementos nombrados sean entregados por las empresas en un plazo de 48 horas, pero fue incumplido. Algunos abogados relacionados con los derechos laborales del sector criticaron el fallo del fin de semana pasado porque aseguran que recae sobre los trabajadores más que sobre las empresas, ya que las multas iban dirigidas a los empleados, se bloquean las operatorias por tarjetas de crédito y entonces no se ataca la cuestión de fondo. Coinciden en que la solución no es prohibir la actividad sino que la misma debe ser regulada por el Estado nacional. Se reclama que haya un debate más abarcativo, lo que conllevaría que también sean incluidas otros tipos de empresas, como Uber y Cabify. Según datos extraoficiales, entre todas las compañías que se dedican a brindar esta clase de servicios suman unos 160.000 trabajadores en condiciones precarias. El proceso legal para conseguir los derechos laborales que corresponden para estos empleados será largo y arduo, pero está bien que haya empezado.