¿Es posible el fraude electoral en Argentina?

¿Es posible el fraude electoral en Argentina?

El nuevo sistema para realizar el escrutinio provisorio que quiere imponer el Gobierno Nacional genera dudas por parte de un sector de la población y la oposición.

Los partidos políticos opositores no recibieron el código fuente del software que la empresa venezolana SmartMatic usará el próximo domingo 11 de agosto para hacer el escrutinio provisorio de los comicios. De esta manera, no se está cumpliendo con el Código Nacional Electoral que dicta que este proceso de conteo debe ser fiscalizado por todas las fuerzas participantes que así lo deseen. Debido a esto es que el Frente de Todos hará una presentación judicial mañana martes ante la jueza electoral María Servini, para solicitar que la compañía nombrada sea apartada de los comicios. La semana pasada, la Cámara Nacional Electoral accedió a un pedido de representantes de partidos políticos (Frente para Todos, Consenso Federal, entre otros) para que puedan participar de la etapa de digitalización de telegramas y transmisión de resultados. A raíz de ello, la Justicia le exigió a la empresa Correo Argentino y a la Dirección Nacional Electoral, que está bajo la órbita del Ministerio del Interior de Nación, que asegure los medios necesarios para posibilitar que los partidos políticos puedan hacer un control igualitario del proceso electoral. SmartMatic es una firma de capital venezolano pero la maneja un británico. Ha sido denunciada en varios países del mundo, como Filipinas, Uganda, Bélgica, El Salvador, por irregularidades cometidas durante los controles de escrutinios. Fue la encargada de controlar las votaciones en Venezuela desde el año 2004 hasta el 2017, cuando se terminó su relación con el gobierno bolivariano después de que la propia empresa reconoció que su sistema, supuestamente inviolable, había sido fraguado. La compañía logró hacerse con el control de los votos durante las PASO, Generales y Ballotage de Argentina, después de ganar una licitación realizada por el Poder Ejecutivo nacional. De los tres oferentes fue la que presentó el presupuesto más bajo, aunque la empresa INDRA (que es la que había estado a cargo del escrutinio provisorio desde el año 1997) criticó la decisión porque considera que sus competidores “no cumplirían con los requisitos técnicos mínimos exigidos para participar del procedimiento de selección y, por lo tanto, no ofrecerían condiciones que garanticen suficientemente el cumplimiento efectivo de las prestaciones a contratar”. Una nota del periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación afirma que no es posible el fraude electoral en Argentina “desde hace décadas”. Sin embargo, reconoce que hay un “matiz” que puede dar lugar a una alteración de los resultados, y es que si la contienda se define por niveles muy parejos, la definición corre peligro de ser adulterada “mediante la carga de los telegramas o con delitos electorales (embarazar la urna, y demás)”. El mismo artículo da cuenta de que uno de los principales representantes de SmartMatic en Argentina es Jorge Born (hijo), quien fue aportante a la campaña electoral de Cambiemos. Por otro lado, los simulacros de votación que se llevaron a cabo en las últimas semanas estuvieron plagados de errores y fallas. Cuando una parte del periodismo quiso investigar e informarse sobre esos hechos, las autoridades de Nación no se hicieron cargo y contestaron con evasivas e intolerancias ante los requerimientos de los comunicadores. Además, existe una Acordada de la Cámara Nacional Electoral que recomienda un tiempo mínimo de 30 días de antelación para que el programa a utilizar en el conteo de votos esté listo y disponible para que sea revisado por los técnicos de todos los partidos políticos que quieran hacerlo. Como las PASO son el 11 de agosto, tal circunstancia se tendría que haber garantizado a más tardar el 11 de julio pero eso no ocurrió. El secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Obras Públicas, Adrián Pérez, dijo después del simulacro realizado el 20 de julio que el software aún no estaba terminado, que continuarían las pruebas y que se entregaría a la justicia electoral 48 horas antes de los comicios. Como los partidos opositores no tuvieron acceso al código fuente del software que se va a usar, reclamaban que puede ocurrir fraude cuando se convierta la extensión de los archivos con las actas de escrutinio de cada mesa que se mandan en formato .tiff y son convertidas al formato .pdf. Es imposible lograr corroborar que ese paso se haga correctamente, o sea sin alteraciones de ningún tipo en los resultados, sino se tiene acceso al programa con la suficiente antelación. Recordemos que se comprobó que en las elecciones legislativas del 2017 hubo retoques digitales de varios telegramas, así que no es descabellado que pueda volver a ocurrir. El escrutinio provisorio es el que se lleva adelante apenas termina una elección y no tiene ninguna validez legal, pero es el que más reproducen los medios y al que la gente más atención le presta. El que realmente vale es el que hace la Justicia Electoral varias semanas después de los comicios. De esta manera, el Gobierno Nacional estaría apuntando a disfrazar una derrota. Según las encuestas, la fórmula Fernández-Fernández resultará vencedora pero es posible que por poca ventaja. Entonces, el oficialismo apuesta a manipular la opinión pública para que crea un resultado que no va a ser cierto, y darse tiempo para conseguir sus objetivos políticos y económicos hasta que se conozcan los resultados legales, aunque para ese tiempo es posible que el fraude ya se haya consumado.