El privilegio arcaico de la Corte Suprema

El privilegio arcaico de la Corte Suprema

Una ley exige hace 20 años que los jueces de la Corte Suprema de Justicia deben dar a conocer su patrimonio. Recién este año la cumplieron pero a cuentagotas.

Parece ser que los cinco magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de Argentina tienen coronita ya que a pesar de que hace 20 años que una legislación les impone que deben informar detalladamente sobre su patrimonio, nunca la habían cumplido hasta este 2019. Un pedido de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), después de siete años de reclamar, los hizo dar a conocer sus declaraciones juradas. Los jueces mostraron cuánto tienen pero de una manera conjunta, sin mucho detalle y limitado solo a los años 2015, 2016 y 2017. De esta manera no se puede saber con precisión cómo fue evolucionando las posesiones de cada uno (salvo Horacio Rosatti que publicó hace tiempo sus bienes personales detallados en una página web personal), y si ese progreso estuvo relacionado a sus salarios o a otras actividades. Debido a que tampoco las declaraciones tienen precisiones sobre trabajos o participación en sociedades anteriores a asumir su función, no se puede determinar si existe conflicto de intereses en algún caso. Los integrantes del Poder Judicial son los funcionarios que menos información proveen sobre sus patrimonios, teniendo en cuenta al Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Y dentro del mundo judicial, los jueces de la Corte son los que menos transparentan este aspecto de su actividad, que es pública. Esto fue posible gracias a que en el 2014 los mismos magistrados supremos realizaron una acordada en la cual decidieron que los datos que harían saber respecto de sus bienes estarían guiados por los que figuran en las declaraciones de bienes personales e impuestos ganancias ante la AFIP. Este documento solo muestra montos generales, y por lo tanto no cumple con las leyes de Ética Pública, de Publicidad de las Declaraciones Juradas y la de Acceso a la Información Pública. La página web del tribunal incorporó un reglamento de consulta donde cualquier ciudadano puede pedir este tipo de información, siempre y cuando antes explicite bajo qué interés y qué uso se le dará a los datos. Asimismo, se conoce que la Corte solo respondió una sola de esas consultas y fue la que hizo Elisa Carrió en 2016. Según los formularios de AFIP, los jueces del máximo tribunal judicial del país tenían estos patrimonios en 2015, 2016 y 2017: Carlos Rosenkrantz, 19.196.698 pesos (2015), 32.118.646,83 (2016) y 39.501.973,58 pesos (2017); Ricardo Lorenzetti, 20.058.088,29 pesos (2015), 22.418.557,50 pesos (2016) y 25.720.397,73 (2017); Elena Highton de Nolasco, 4.860.251,62 pesos (2015), 7.967.048,71 pesos (2016) y 13.215.094,5 pesos (2017); Juan Carlos Maqueda, 2.925.099,81 pesos (2015), 4.273.070,02 pesos (2016) y 6.717.140,09 pesos (2017); y Horacio Rosatti, 1.154.486,69 pesos (2015), 3.646.642,46 pesos (2016) y 6.985.504,82 pesos (2017). Estos documentos presentados tienen el problema de que no permiten inferir si el patrimonio que tiene cada magistrado se corresponde con sus ingresos. De la misma manera, es imposible conocer la titularidad, superficie, ubicación, valuación, fecha de ingreso al patrimonio de los bienes, no hay información sobre cónyuges, convivientes, hijos menores de 18 años. Además, desde 2017, la AFIP dejó de exigir que se informe si los bienes están dentro o fuera del país. La resistencia de los jueces más importantes de Argentina a renunciar a privilegios tan antiguos, siendo que ellos deberían ser los primeros en dar el ejemplo de transparencia, daña la democracia. Así no se puede saber con precisión cuál es su patrimonio y por lo tanto no se pueden detectar posibles casos de corrupción.