Las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea comenzaron hace 20 años y recién hoy llegaron a un acuerdo de libre comercio que, según el gobierno argentino, implica la integración de un mercado de 800 millones de habitantes y más de 100.000 millones de dólares de comercio bilateral de bienes y servicios. Sin embargo, algunas organizaciones sindicales e industriales hicieron ver que el arreglo no es tan beneficioso como parece a simple vista. A partir de 2016 se aceleraron las tratativas entre ambos actores pero de manera secreta, ya que la noticia tomó por sorpresa a toda la sociedad. Consideran que es una reafirmación de la presión de Europa y Estados Unidos sobre las relaciones comerciales, buscando siempre favorecer a sus producciones mediante una apertura indiscriminada de los mercados de nuestra región, tal como se quiso hacer con el ALCA años atrás. De hecho, hay tres puntos, que resultan claves, donde la Unión Europea se puso firme con tal de proteger a sus empresas y productores: propiedad intelectual, comercio agrícola y compras del Estado. En esa dirección, la UE también dejó en claro que se restringirán los cupos de importación para los productos provenientes del Mercosur, ya sean de origen vegetal como animal, con el agregado de mantener la prohibición absoluta para los transgénicos. En consecuencia, los únicos sectores que podrían llegar beneficiarse con este nuevo acuerdo son las grandes empresas de los países avanzados y las élites agroexportadoras de los países que conforman el Mercado Común del Sur. En contrapartida, el intercambio comercial impactaría de forma negativa sobre el empleo en esta parte del mundo ya que la producción local sería sustituida por las importaciones europeas, se condenará a la desaparición a los pequeños productores y las economías regionales y se profundizará el daño del medio ambiente en nuestros territorios. Por si fuera poco, las compañías extranjeras podrán acceder en Argentina a todas las licitaciones realizadas por gobiernos nacionales, provinciales y/o municipales en las mismas condiciones que las empresas nacionales. No está para nada mal concretar acuerdos comerciales con otras naciones, pero siempre respetando y cuidando los derechos humanos, el desarrollo sostenible y el fomento de la producción y el empleo de los nuestros. Esa debería ser la prioridad para quienes dirigen los destinos de los países sudamericanos.