Los 30.000 vs. los 8.000

Los 30.000 vs. los 8.000

Los enfrentamientos discursivos entre los argentinos sobre la cantidad de desaparecidos producidos por la última dictadura están siempre vigentes.

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó a principios de 2017 una ley que estableció que todas las publicaciones, ediciones gráficas y audiovisuales, así como los actos públicos del gobierno bonaerense, y de los tres poderes del Estado de dicha jurisdicción deben usar la expresión “desaparecidos” acompañada de la cifra 30.000, cuando se haga referencia al accionar genocida de la última dictadura cívico-militar en Argentina. El diputado provincial de Cambiemos, Guillermo Castello, no acompañó la iniciativa en su momento y recientemente acaba de ingresar un proyecto de ley a la Cámara Baja de Buenos Aires que busca modificar esta expresión. “Es una ley que viola flagrantemente los principios de verdad y libertad de expresión. Fue seriamente objetada por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual tiene una enorme tradición en el campo de la izquierda”, argumentó el legislador oficialista. Y añadió: “La imposición legislativa de una postura oficial absoluta promueve la formación de un discurso único. Atenta contra la libertad y clausura cualquier investigación presente y futura que pudiera arrojar resultados que no concuerden con esa visión”. Lo que dice Castello sobre la objeción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es cierto. Ahora bien, el tema sobre la cifra real de desaparecidos ha sido motivo de disputa por vastos sectores sociales a lo largo de las décadas en nuestro país, que ha llegado a dividir a la sociedad, como tantos otros asuntos. Una explicación muy válida la dio el escritor Martín Kohan en un programa radial durante marzo de 2017. “A mi criterio, lo que la cifra 30.000 expresa es que no hay pruebas porque el Estado no da la información respecto de lo que pasó. La represión fue clandestina y fue ilegal, no pasó por ningún sistema judicial, entonces la cifra total de desaparecidos hay que postularla, no probarla en términos de una prueba de comprobación empírica. No hay comprobación empírica porque la represión fue clandestina”, explicó. En esa dirección, amplió que lo que se postula es ”una cifra a partir de la estimación de los casos no denunciados”. A raíz de eso, “existe la necesidad histórica y política de estimar una cifra, de correrse de la lógica de la verificación, porque al que le toca hacer esa verificación es el Estado. El Estado es el que tiene que informar a cuántos asesinó y dónde están sus cuerpos, a cuántos bebés robó y dónde están ahora. El Estado tiene que informar. Al hecho macabro de no dar esa información se responde con la cifra 30.000”. La afirmación de que los desaparecidos fueron 8.000 es sostenida por algunos funcionarios del actual Gobierno Nacional y surgió a partir de declaraciones del ex presidente de facto, Jorge Rafael Videla. No obstante, en el 2006 se desclasificaron documentos elaborados por los militares argentinos que demuestran que sus propias estimaciones sobre personas desaparecidas alcanzaban la cantidad de 22.000, en el período que fue desde 1975 hasta mediados de 1978. Francia, Alemania, Bélgica y Suiza consideran un delito, penado por ley, que sus ciudadanos nieguen el Holocausto judío cometido por el nazismo. Las condenas pueden ser económicas o incluso con prisión. En España, igual que en Suiza, es delito la negación de cualquier delito contra la humanidad. Otros países europeos no sancionan el negacionismo como tal pero implementaron mecanismos para condenar a quienes cometen racismo o incitan al odio racial. Las diferencias sobre el número exacto de desaparecidos en los más de siete años que duró el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional seguramente se mantendrán por mucho tiempo más. La sociedad argentina necesita urgente que el Estado se haga cargo de esta investigación y cierre esta discusión para consolidar la memoria y ayudar a que lo que sucedió no ocurra nunca más.