La donación de alimentos necesita su ley

La donación de alimentos necesita su ley

Una red de entidades solidarias argentinas consigue y distribuye millones de kilos de alimentos por año para ayudar a combatir el hambre, pero se hace más difícil sin un marco legal.

El hambre en Argentina es una deuda que involucra a todos los gobiernos, y también a la sociedad entera. Nadie ha podido combatirlo de raíz, ya que va atado al problema estructural de la pobreza. Hubo gestiones que han logrado reducir la cantidad de gente que la pasa mal, y otras que han hecho todo lo posible por aumentarla. Pero el Estado, o sea todos, somos responsables. En nuestro país existe desde el 2003 la Red de Bancos de Alimentos, que está integrada por entidades de 13 provincias que persiguen el objetivo de lograr una nación bien nutrida y sin hambre. Esta entidad civil sin fines de lucro distribuyó más de 12 millones de kilos de alimentos, beneficiando alrededor de 377 mil personas y 2.600 entidades, solo en el 2018. Si se cuenta todo su trabajo desde que se creó la red, la cantidad de comida distribuida asciende a más de 90 millones de kilos, que representan 270 millones de platos de comida. Los voluntarios de los bancos de alimentos tienen muchas maneras de conseguir comida para llevarlas a lugares con necesidades. Las estrategias van desde la compra, las donaciones, la realización de campañas y colectas, hasta la más importante, quizás, que es el rescate que hacen de las mermas de supermercados, centros de distribución, mercados concentrados y productores. Las jurisdicciones que poseen mayores de estos lugares solidarios son Buenos Aires, con cuatro bancos de alimentos, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Corrientes que tiene dos cada una. En La Pampa no existe ninguna iniciativa de este tipo, según la propia página web de la ONG. El problema está en que estas prácticas no son obligatorias en nuestro país, entonces la cadena solidaria depende de la buena predisposición de los distintos actores (supermercados, productores, voluntarios, etc.). Un buen ejemplo para mejorar esta lucha contra el hambre es Francia, que a principios de 2016 se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una ley que obliga a los grandes comercios a donar la comida que no se vende y que todavía está apta para consumo humano. Según El Diario de España, la normativa francesa establece que los propietarios de supermercados de 400 metros cuadrados o más de superficie firmen contratos con organizaciones de caridad. Caso contrario, pueden llegar a ser penalizados con multas de hasta 75.000 euros o penas de hasta dos años de prisión. Un artículo del diario La Nación informa que se han presentado iniciativas legales para reglamentar la donación de alimentos desde el año 2005. Uno de ellos llegó a sancionarse pero fue vetado por el ex presidente Néstor Kirchner debido a que eximía de responsabilidad civil a quien entregaba mercadería. Una medida para atraer a otros tipos de comercio, como panaderías, restaurantes, cafeterías, además de los supermercados, podría ser una rebaja impositiva para las empresas o locales que donen. Todo sirve para acelerar el proceso de interacción entre quienes donan, quienes distribuyen y quienes se benefician. Una ley nacional en este sentido sería muy importante porque ayudaría a combatir el creciente hambre reinante (un informe reciente de la Universidad Católica Argentina detalló que el 51,7% de los niños y adolescentes de nuestro país son pobres) e incrementaría la calidad y diversidad de la comida distribuidos por los bancos de alimentos.