Debe haber vida después del encierro

Debe haber vida después del encierro

La población carcelaria en Argentina crece año a año y las acciones estatales de reinserción aparecen como una prioridad.

Los datos oficiales muestran que, a octubre del 2018, había 85.283 personas presas en Argentina. Si se suman a los recluidos en comisarías, la cifra llega a 92.000 (sin contar a las provincias de San Luis y Corrientes). Entonces, entre 2017 y 2018 hubo un incremento del 12% en la cantidad de presos. Otro dato que llama la atención es que en la década que va del 2007 al 2016, la tasa de encarcelamiento tuvo un incremento anual promedio del 3%. Las personas privadas de su libertad deben ser incluidas en políticas públicas que sean pensadas específicamente para que ellas no reincidan en el delito al cumplir su condena, sino que deben orientarse a que durante su encierro y cuando salgan, logren atravesar un proceso de reinserción social exitoso, basado en el trabajo y el respeto de las normas. La opinión pública siempre está dividida respecto a estos temas. Muchos piensan que por haber cometido un delito ya no se les puede respetar ningún derecho más y deben sufrir en su encierro. Otros sostienen que el período en la cárcel debe ser usado para que aprendan cómo se debe vivir en comunidad. Los presos al ser encerrados ya están perdiendo uno de los derechos fundamentales que es el de la libertad, pero eso no justifica que sus otros derechos a la educación, la salud, el trabajo, etc., deban ser cercenados. En este tema, es importante saber que para poder llegar a buen puerto la tarea tiene que ser realizada por el Estado y eso significa todos, no solo la clase política, judicial y las instituciones, sino también los ciudadanos. Está muy bien desarrollar programas que apunten a facilitar la reinserción social de los reclusos, ya sea que tengan que ver con actividades comunitarias, productivas, económicas, artísticas o de cualquier otra índole. Sin embargo, lo prioritario es planificar, implementar y sostener en el tiempo políticas estatales que aborden el problema de raíz y con soluciones a largo plazo. De esta manera se podrá prevenir la reincidencia, se conseguirá que las personas que por violar la ley terminaron en la cárcel puedan volver a formar parte de la sociedad de manera real y perdurable. Esto, a su vez, conllevará un ahorro de los recursos del Estado, porque siempre es más barato prevenir que curar.