Los glaciares y el Atuel no se tocan

Los glaciares y el Atuel no se tocan

La Corte Suprema de Justicia determinó que la Ley de Conservación de Glaciares no es inconstitucional y ese fallo favorece indirectamente la lucha de La Pampa por el río Atuel.

La minera canadiense Barrick Gold impulsó años atrás un pedido de inconstitucionalidad sobre la Ley de Conservación de Glaciares, pero los jueces del máximo órgano judicial de Argentina ayer martes rechazaron este planteo. Los miembros de la Corte se basaron en dos artículos de la Constitución Nacional que establecen que todos los ciudadanos de este país tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y que son las provincias las que poseen dominio sobre sus recursos naturales. También consideraron que la normativa que protege a los glaciares no perjudica ninguna de las facultades legales que tiene la explotación minera. La noticia no pasó para nada desapercibida en La Pampa, donde funcionarios provinciales y activistas ambientalistas expresaron su alegría por la resolución judicial. El Procurador General de Rentas, Hernán Pérez Araujo, resaltó lo ocurrido. “Otro contundente y ejemplificador fallo de la CSJN, afirmando que la responsabilidad en la protección de glaciares es compartida entre Nación y provincias y reafirmando que los derechos individuales, como el de propiedad, ceden ante derechos colectivos como el derecho al agua”, reflexionó en sus redes sociales. Por su parte, Héctor Gómez, integrante de la Fundación Chadileuvú, opinó lo siguiente: “Esto es muy importante porque por encima del derecho a hacer negocios y el derecho económico de las mineras, la Corte refleja una vez más que está por encima de los intereses económicos al apoyar el derecho humano al agua y el derecho a la naturaleza, que tiene que conservarse lo más incontaminada posible, ya que esa naturaleza determinará el futuro uso del agua, de un ambiente saludable para los humanos y el ecosistema en sí”. La determinación judicial refuerza el fallo que el mismo órgano hizo el 1 de diciembre de 2017 cuando ordenó a la provincia de Mendoza que se ponga de acuerdo con La Pampa para consensuar un caudal hídrico apto del río Atuel que sirviera para reconstituir el ecosistema del oeste pampeano. Tal decisión marcó una bisagra en la interpretación de los temas ambientales por parte de la Corte y aunque las autoridades de la jurisdicción cuyana todavía no han cumplido con lo dispuesto, cada vez les quedan menos estrategias para dilatar la cuestión y las leyes y resoluciones judiciales siguen demostrando que La Pampa tiene razón.