Nuevo avance judicial para La Pampa

Nuevo avance judicial para La Pampa

La Corte Suprema de Justicia aceptó intervenir en la demanda que nuestra provincia presentó respecto a una deuda millonaria de Nación.

Los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia decidieron de manera unánime seguir con el criterio demarcado por la Procuración General de la Nación que hace un año dictaminó que el máximo órgano judicial debía entender en el litigio que tiene como protagonistas al Estado pampeano, la Anses y el Estado nacional. Nuestra provincia le reclama a Nación que pague la deuda millonaria que acumuló entre los años 2009 y 2014 (en un primer momento también se reclamaba lo adeudado correspondiente al 2016 pero finalmente se desistió). El concepto es por la falta de cumplimiento del gobierno central respecto a su obligación de cubrir los déficits de las cajas jubilatorias no transferidas. En la demanda impulsada por el Fiscal de Estado, José Vanini, también se pide que se arbitren las medidas necesarias para llevar a cabo las auditorías financieras del Instituto de Seguridad Social de la provincia, de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. En caso de que el Estado nacional o Anses no se hagan cargo de este trámite, se utilizarán como referencia los montos resultantes de las auditorías realizadas por el mismo Instituto o lo que resulte de la prueba a realizar durante la sustanciación de la causa, a lo que deberán agregarse los intereses que correspondan. Un tercer planteo que forma parte de la demanda pampeana que será tratada por la Corte versa sobre declarar inconstitucional e inaplicable un decreto del presidente Macri promulgado en el 2016, por el cual dispuso la armonización de las normas legales para la determinación de los haberes jubilatorios. El argumento de La Pampa es que se producía un perjuicio a los beneficiarios del sistema previsional pampeano porque representaba una baja de las jubilaciones y un cambio en el sistema aplicable para los haberes futuros de aquellos trabajadores que actualmente están activos. Este reclamo legal viene siendo impulsado por la gestión de Carlos Verna, casi desde el comienzo del segundo mandato del gobernador, en el año 2016. En este contexto, que el máximo órgano judicial de nuestro país haya decidido intervenir en la causa es una muy buena noticia.