Mendoza ya no tiene excusas para mantener cortado el río Atuel

Mendoza ya no tiene excusas para mantener cortado el río Atuel

La falta de políticas públicas del Gobierno de Mendoza para acompañar las distintas actividades productivas hace que cada vez haya más fincas abandonadas en toda la provincia.

La zona suroeste de la provincia de La Pampa, principalmente donde se ubican las localidades de 25 de Mayo, Casa de Piedra y Gobernador Duval, posee propiedades climáticas muy especiales para la producción de vino. Allí existe una de las mejores amplitudes térmicas del país y un viento patagónico que hacen propicio el cultivo de la vid. Pero es obvio que con la naturaleza sola no alcanza para generar un verdadero polo productivo, siempre hace falta la intervención de otros actores, fundamentalmente el Estado. Por suerte en La Pampa el Gobierno Provincial tiene claro eso y hace años que viene invirtiendo en esa región. Por ejemplo, en Casa de Piedra se realizó una obra de presurización del agua que posibilitó que la misma sea entregada con presión para conseguir un riego eficiente. Esta característica destaca a esa zona de riego por sobre otras regiones del país porque en nuestra provincia, un viñedo consume 9 millones de litros de agua por hectárea por año y tiene un rinde de 10.000 botellas. En cambio en otros lados, un viñedo consume 27 millones de litros de agua por hectárea por año y produce sólo 8.000 botellas. Por el contrario, en Mendoza cada vez tienen menos producción debido a que las autoridades políticas no se preocupan por desarrollar proyectos que ayuden al sector. Sin embargo, dicen que el agua no alcanza…¿y qué hacen con este líquido tan vital si no usan para producir? Un artículo publicado por el diario “San Rafael” afirma que en los últimos cinco años los productores mendocinos abandonaron 1.330 hectáreas con viñedos en el sur de la provincia, principalmente en las localidades de San Rafael y General Alvear. Asimismo, la nota asegura que se trata de una tendencia que se da en la mayoría de los departamentos cuyanos. Funcionarios pampeanos hicieron un relevamiento tiempo atrás y presentaron cientos de fotos ante la Corte Suprema de Justicia donde se demuestra que en Mendoza hay más de 250 fincas abandonadas en toda la cuenca del río Atuel, sobre la zona de San Rafael. Según los propios mendocinos, la producción vitivinícola no viene resultándoles rentable y se quejan de que hay una mala competencia por la intromisión de empresas extranjeras que han comprado algunas bodegas importantes. Es decir, esta competencia desigual para los productores mendocinos es avalada por el propio Gobierno de Mendoza, que se mantiene en silencio respecto a este tema. Mientras tanto, los candidatos pampeanos que representan a Cambiemos en nuestra provincia se llenan la boca hablando de que La Pampa no posee políticas productivas hace 35 años. Se nota que nunca visitaron el sur provincial ni probaron ninguno de los exquisitos vinos que allí se producen, los cuales detentan una reconocida calidad y son exportados internacionalmente. El argumento mendocino de que cada vez necesitan más agua porque están ampliando su producción ya no tiene ningún sostén. Quedó demostrado que la cuestión es al revés: cada día producen menos por lo tanto necesitan menos agua. Siendo así, no pueden seguir negándonos el caudal de agua que nos corresponde por derecho a los pampeanos. Las políticas públicas implementadas por el Gobierno de La Pampa aumentan la producción vitivinícola en la provincia, y las grandes bodegas de Mendoza reconocen este factor ya que se están viniendo a instalar en nuestro territorio ante la falta de acompañamiento por parte de la gestión del gobernador radical Alfredo Cornejo. Acá lo importante es tener en cuenta que es un propio medio de San Rafael el que denuncia esta situación de caída en la producción mendocina, y saber que con esas hectáreas que se dejaron de regar en Mendoza, sobra el agua del río Atuel para que nos la manden a nosotros y así podamos reconstituir el ecosistema del noroeste pampeano, como dictaminó la Corte Suprema de Justicia el 1 de diciembre de 2017.