La apertura de frecuencias de telecomunicación para cooperativas no convence a nadie

La apertura de frecuencias de telecomunicación para cooperativas no convence a nadie

El Gobierno Nacional habilitó frecuencias de celulares de la empresa estatal Arsat para que puedan ser explotadas por cooperativas pero también por compañías privadas.

El decreto de Necesidad y Urgencia que anunció el presidente Mauricio Macri ayer lunes incluye la eliminación de un artículo de una Ley que obligaba al Estado nacional a crear una Red Gubernamental de Servicios de Telecomunicaciones que facilitara el desarrollo nacional de las industrias de las comunicaciones, la reducción de la brecha digital y la adición de las cooperativas para que pudieran ofrecer el servicio de telefonía móvil. Ante esta decisión de Cambiemos, el precandidato a gobernador por el Frente Justicialista Pampeano y actual diputado nacional, Sergio Ziliotto, consideró que es una manera de entregar el patrimonio nacional al sector privado para que realicen sus propios negocios. "Si bien se establece que el 20 % del espectro se asigna a las cooperativas y operadores locales de todo el país, el dato relevante está en que el 80 % quedará en manos de los grandes grupos económicos, que de ninguna manera resignarán ganancias al momento de contemplar prestar servicios en localidades alejadas o con escaza población”, expresó. A lo que refiere el legislador pampeano es que las empresas de telefonía celular privadas como Movistar, Claro y Personal no prestarán el servicio en lugares alejados o de escasa población, donde la ecuación no les resulte redituable. Esto es posible porque la modificación de la normativa que hizo Macri le quitó derechos a los estados provinciales y cooperativas sobre el servicio de comunicación. Ziliotto fue uno de los que venía advirtiendo desde tiempo atrás sobre esta intención del Gobierno Nacional que busca sacarle la función social al Estado y dejarla en manos del mercado. "Las comunicaciones son un recurso estratégico y el rol de ARSAT y las provincias es fundamental. En los últimos años las empresas estatales provinciales, las cooperativas y las PyMES han sido sistemáticamente marginadas. Este decreto vulnera nuevamente el federalismo en el país y tendrá problemas de constitucionalidad porque atribuir bandas de frecuencia a las empresas de telefonía móvil es potestad del Congreso", recordó. En ese sentido, advirtió que este decreto del macrismo cercena varios derechos de los argentinos, y puso como ejemplo “el acceso a la salud vía la telemedicina, o la educación a distancia, entre otras posibilidades que facilitan las redes de comunicación”. Por otro lado, el presidente de la Cooperativa Popular de Santa Rosa, Alfredo Carrascal, admitió sus dudas respecto al decreto presidencial y adelantó que se van a manejar “con cautela. “Por ahora nosotros nos vamos a manejar con cautela hasta que nuestros asesores terminen de analizar los alcances de este DNU y cómo afecta estos nuestros proyectos. Todavía no podemos saber cuáles son los alcances en lo práctico. Lo que nos genera siempre sospecha es que hasta ahora el Gobierno Nacional no ha hecho otra cosa que terciar en beneficio de las grandes corporaciones”, manifestó. La CPE fue otro de los actores pampeanos que mostró su disconformidad con la llamada “Ley Corta” que fue impulsada el año pasado por el Poder Ejecutivo nacional, y en su momento la entidad solidaria reclamó que las frecuencias de la empresa satelital estatal Arsat quedaran en poder de emprendimientos regionales y cooperativas. Lo preocupante, según Carrascal, es que la ley no se haya discutido en el Congreso de la Nación como corresponde sino que Nación la emitió por un decreto de necesidad y urgencia (el cual según dirigentes opositores y abogados especializados en la materia consideran inconstitucional porque legisla sobre una temática penal, algo que prohíbe la Constitución Nacional para los decretos), y se quedó con el poder de decidir a gusto y placer sobre el espectro de bandas.