Justicia Legítima denunció el ataque al Estado de Derecho que hay en Argentina

Justicia Legítima denunció el ataque al Estado de Derecho que hay en Argentina

El grupo emitió un comunicado en referencia a la persecución de jueces por parte de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires y periodistas afines a Cambiemos.

La agrupación Justicia Legítima, que se autodefine como apartidaría y esta integrada por juristas, catedráticos y profesionales del Derecho, difundió un comunicado donde sentó posición respecto al ataque que está sufriendo la división de poderes en nuestro país, la persecución política a jueces y la “utilización abusiva” de los encarcelamientos preventivos. El escrito empieza describiendo las denuncias hechas por jueces que conforman el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires “quienes expresan haber sido amenazados y presionados con motivo de casos en los que tienen que pronunciarse”, por medios de comunicación, periodistas “que cuentan con enorme audiencia” y por la Procuración General bonaerense. “El cuadro descripto muestra un profundo resquebrajamiento del Estado de Derecho y un total desprecio por el principio republicano de separación de poderes e independencia del Poder Judicial”, afirmó Justicia Legítima. En ese sentido, explicaron que “la eventual disconformidad con el contenido de los fallos debe canalizarse a través de los recursos que la ley prevé a esos fines, pero en ningún caso puede dar pie a cuestionamientos a los magistrados que los emiten”. El comunicado no da ningún nombre propio pero obviamente hace referencia, principalmente, a la situación del juez de Garantías, Luis Carzoglio, quien denunció amenazas y presiones y para quien Julio Conte Grand, procurador general de Buenos Aires, pidió un jury de enjuiciamiento. Desde la agrupación aclararon que esa decisión no puede ser tomada por él, porque es una de las personas denunciadas por ejercer supuestas presiones. Por otro lado, el documento considera como “extremadamente grave la naturalización de este estado de cosas, que se suma a la utilización abusiva y contraria a derecho del mecanismo de la prisión preventiva, la difusión pública de procedimientos de detención en condiciones humillantes, en particular a opositores políticos”.