Las empresas offshore ahora pueden entrar más fácil en Argentina

Las empresas offshore ahora pueden entrar más fácil en Argentina

El Ministerio de Justicia de Nación eliminó algunos requisitos que debían cumplir empresas extranjeras para asociarse o instalarse en nuestro país.

La Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, emitió una resolución donde eliminó ciertos requisitos que estaban obligadas a cumplir las sociedades extranjeras que desean instalar una sede en Argentina o asociarse con alguna compañía nacional. Desde el Estado argumentaron que se trata de una herramienta que permitirá la agilización, facilitación y simplificación de los procesos administrativos. Sin embargo un informe del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) alerta que estos cambios podrían alentar y promover la llegada de empresas offshore a nuestro país. Concretamente, lo que borró la nueva normativa de la IGJ es la obligación que tenían las firmas extranjeras de acreditar las actividades que realizan fuera de nuestro territorio y la exigencia de identificar a los socios que componen la sociedad empresarial. Las sociedades offshore son mecanismos que se utilizan para operar financieramente de manera anónima en todo el mundo y, por lo general, están establecidas en cuevas fiscales de países con leyes muy permisivas. Se suelen crear para ocultar la verdadera identidad de sus dueños y para ejecutar acciones de fuga, evasión y lavado de dinero. En Argentina tomaron mucha relevancia a partir de la investigación periodística internacional que difundió el caso de los Panamá Papers, donde aparecían el presidente Macri y varios funcionarios de su gobierno como integrantes de empresas offshore. “El espíritu principal de la nueva norma está lejos de promover la desburocratización del Estado. Se trata más bien de la apertura de una puerta para el ingreso de capitales extranjeros sin importar su procedencia”, considera el reporte del Cipce. Para la institución es un retroceso porque se vuelve al estado normativo existente de manera previa al año 2003. Antes de que el Ministerio de Justicia implementara estos cambios, las empresas extranjeras que querían desarrollar actividades o asociarse en nuestro país debían adecuarse a la legislación argentina y atenerse a una serie de requisitos. Al haberse eliminado esas restricciones, el Cipce advierte que podrían llegar “sociedades provenientes de países con regímenes tributarios especiales o considerados no cooperadores en materia de transparencia fiscal”, oriundas de guaridas fiscales como Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas o Bahamas.