Una nueva “ayudita” oficial para las empresas de gas

Una nueva “ayudita” oficial para las empresas de gas

El Gobierno Nacional habilitó el cobro de un importe “extra” por parte de las empresas distribuidoras de gas para contrarrestar la subida del dólar.

Una Resolución de la Secretaría de Energía publicada hoy viernes en el Boletín Oficial autorizó a las compañías que distribuyen el gas a cobrar un importe “extra” a los usuarios con motivo de compensar la “marcada variación del tipo de cambio”. Dicho monto será cobrado en 24 cuotas mensuales a partir del 1 de enero del 2019 y se sumará al incremento de entre el 30% y 35% que el Gobierno Nacional ya dispuso el pasado 1 de octubre. Se estima que con esta nueva medida, 10.000 millones de pesos pasarán del bolsillo de la gente al de las empresas gasíferas. "Dispónese, en forma transitoria y extraordinaria, que para las diferencias entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio reconocido en las tarifas de distribución, valorizadas por el volumen de gas comprado desde el 1º de abril y hasta el 30 de setiembre de 2018, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) instruirá a las prestadoras del servicio de distribución al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios, en 24 cuotas a partir del 1º de enero de 2019", anuncia el texto oficial. El escrito publicado por la dependencia que está a cargo de Javier Iguacel, también detalla que las diferencias diarias acumuladas al 31 de diciembre de 2018 “serán distribuidas por las prestadoras del servicio de distribución a cada usuario proporcionalmente, tomando en consideración los volúmenes consumidos por éstos durante el período abril-septiembre de 2018". "Las variaciones del precio de adquisición del gas serán trasladados a la tarifa final al usuario, de tal manera que no produzcan beneficios ni pérdidas al distribuidor ni al transportista”, añade el documento, a modo de justificación. Este aumento extra y el incremento del 35% en las boletas de gas se suma a la quita de subsidios para la tarifa social y a la eliminación de los beneficios de bonificación para aquellos usuarios que se preocupaban por ahorrar en su consumo.