La mitad de los ministros de Nación sigue trabajando para empresas privadas

 La mitad de los ministros de Nación sigue trabajando para empresas privadas

Los integrantes del Gabinete nacional continúan con cargos empresariales, a pesar del evidente conflicto de intereses que podría significar esta situación.

Un relevamiento llevado a cabo por el Observatorio de las Élites Argentinas, dependiente del instituto de Altos Estudios de la Universidad Nacional de San Martín, determinó que la mitad de los ministros de Macri y 269 funcionarios del Gobierno Nacional poseen cargos en empresas privadas. Algunos de esos políticos son el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien figura como autoridad enAutocompra.com, Armoraut, Serviaut y Movilaut; el Ministro de Energía, Javier Iguacel, participa en Productos del Sur S.A. y la energética Ergon E&A, el Ministro de la Producción, Dante Sica, que sería director de Peugeot Citröen, aunque desde la empresa afirmaron que ya no pertenece más pero los registros de la Inspección General de Justicia lo muestran como cargo vigente; el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dirige la firma Dining Room SRL; el Ministro de Modernización, Andrés Ibarra, estaría vinculado a Comunicación Dinámica, a una imprenta y a una firma agropecuaria; y el director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, es accionista en Babala SRL. “El grado de exposición a los conflictos de interés es elevado y atraviesa a todo el gobierno nacional”, denunció la socióloga Ana Castellani, encargada de dirigir la investigación. En total, entre ministros y funcionarios, poseen 890 puestos y participaciones en empresas privadas. 50% corresponden a sociedades anónimas nacionales y 33% a compañías extranjeras. Hay diez personas que se destacan por la enorme cantidad de cargos que detentan en el sector privado, el más sobresaliente es Mariano Grondona Lynch, vocal en el Directorio de la Administración de Parques Nacionales del Ministerio de Ambiente, con 219 participaciones en firmas locales e internacionales. Asimismo, Castellani explicó que el hecho de que estas personas renuncien a sus trabajos en el ámbito privado no elimina la posibilidad de que haya conflicto de intereses ya que existen distintos mecanismos a partir de los cuales las élites económicas pueden incidir sobre las decisiones estatales. “Más allá de su encuadre jurídico como situaciones que configuran potenciales conflictos de interés; la puerta giratoria y el lobby son formas de articulación entre las elites económicas y políticas que están estrechamente asociadas a la captura de la decisión estatal, o sea a la pérdida de autonomía del Estado a la hora de formular e implementar políticas públicas”, detalló la profesional.