Bonadío indagará a Cristina y ordenó la detención de empresarios macristas

Bonadío indagará a Cristina y ordenó la detención de empresarios macristas

La ex presidenta y más de 10 funcionarios y empresarios están siendo investigados por un supuesto caso de coimas.

El Juez Federal Claudio Bonadío determinó el llamado a indagatoria de Cristina Fernández para el 13 de agosto y pidió que detuvieran a más de 10 empresarios entre los que se encuentran el dueño de Radio del Plata, Gerardo Ferreyra, y el ex CEO de la empresa IECSA, Javier Sánchez Caballero, señalado como mano derecha del presidente Macri. La causa que investiga Bonadío es un supuesto pago de coimas dentro del ex Ministerio de Planificación de la Nación, y se basa en un cuaderno que contendría anotaciones del chofer de Roberto Baratta, funcionario de dicho ministerio durante los años 2003 y 2015, que referirían a traslado de dinero de coimas. El magistrado llegó a esta instancia gracias a la declaración de una testigo vinculada al chofer de Baratta, según publicó el portal Infobae. IECSA era propiedad de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, cuando sucedieron los hechos que se investigan y le compró la compañía a SOCMA (cuyos dueños son Macri y su padre) en el 2007, cuando el actual presidente asumió como Jefe de Gobierno porteño. Quien es señalado como mano derecha del primer mandatario, Javier Sánchez Caballero, está sospechado también en la causa Odebbrecht por haber pagado coimas para quedarse con la obra de soterramiento del tren Sarmiento. Ferreyra posee conflictos con los empleados de Radio del Plata por deber sueldos y haber despedido gente. Además forma parte de la empresa Electroingeniería que tiene a su cargo la construcción de dos represas en Santa Cruz. Aparte de Cristina, fueron llamados a indagatoria los ex funcionarios Oscar Parrilli, Julio De Vido, Juan Abal Medina y el ex juez Norberto Oyarbide. Entre los detenidos también figuran Walter Fagyas, ex presidente de ENARSA, Armando Losón, presidente del Grupo Albanesi, Carlos Mundín, dueño de la firma BTU, y Rafael Llorens, ex funcionario del Ministerio de Planificación. Lo notorio de esta maniobra judicial es que ocurre en un momento donde el Gobierno Nacional atraviesa su peor momento en la imagen pública, acumulando diversos fracasos en la gestión económica y social del país y en el mismo día exacto que se cumple un año de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, en una situación donde el Estado nacional es responsable. Quizás la articulación entre Cambiemos y Bonadío sea para tratar de distraer la atención de la opinión pública en problemas que no son los que realmente le importan a la ciudadanía y no ayudan en nada a solucionar la inflación, la falta de trabajo y la crisis imperante.